Primer paso para regular los servicios de bicicletas y motos compartidas

El planteamiento, que se ha trabajado con entidades y empresas del sector, se basa en crear una nueva tasa para el empleo del dominio público —incluida en las ordenanzas fiscales— que las empresas de vehículos compartidos tendrán que pagar para obtener las licencias.

Los permisos, con un coste anual de 71,51 euros por bicicleta o moto, tendrán una duración de tres años prorrogables un año más, serán intransferibles y podrán revisarse según la evolución del sector.

Requisitos para obtener las licencias

  • Que una vez obtengan las licencias, estos vehículos se tienen que utilizar.
  • Cumplir los criterios de sostenibilidad municipales: bicicletas mecánicas y eléctricas, y motos eléctricas.
  • Cumplir los criterios de seguridad municipales: se tendrán que adherir al manual de buenas prácticas.
  • Todos los vehículos tendrán que incorporar sistemas de geolocalización.
  • Los vehículos averiados se tendrán que retirar en menos de 24 horas.
    Acceso municipal a los datos de uso del sistema en tiempo real.
  • Todas las bicicletas tendrán que disponer de sistema de anclaje y estacionarse en los espacios habilitados para estas en la vía pública.
  • Todas las motos tendrán que estacionarse de acuerdo con la normativa municipal de la Ordenanza de Circulación de Peatones y Vehículos.

Plazas de aparcamiento reservadas a particulares

Para hacer compatible la movilidad compartida y privada en bicicleta, los estacionamientos ubicados en las zonas con más presión de la ciudad tendrán plazas reservadas para el uso de particulares, señalizadas con color lila.

La propuesta, que se acabará de consensuar con los grupos municipales y las empresas del sector, queda pendiente de la aprobación en el Plenario municipal.

Panorama actual

Actualmente operan en la ciudad un total de seis empresas de bikesharing y motosharing, con 1.500 bicicletas y 2.325 motos en circulación. La nueva regulación permitiría un crecimiento del 70 % y el 47 % respectivamente.

La proliferación de empresas de movilidad compartida ayuda a combatir la contaminación, fomentar el uso de la bicicleta y el transporte público, y el impulso del vehículo eléctrico. El nuevo marco regulador servirá para minimizar los efectos negativos: el empleo del espacio público y la seguridad vial.

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